Iniciada
la década de los sesenta en España, el régimen dictatorial, de naturaleza
personalísima, moldeado por Franco mantenía su deleznable estatus represivo.
Sin piedad ni perdón, continuaba aniquilado, exterminando, cualquier atisbo de
movimiento desorientado de la senda destinada al culto de la figura del
dictador, y a sus chaladas obsesiones egocéntricas. Se habían dotado a las
leyes penales de efectos retroactivos, imputando por hechos que antes habían
sido legales, como pertenecer a organizaciones políticas y sindicales; los
procesos adolecían de indefensión y se impulsaban en base a confesiones
firmadas tras horas de tortura. En esa infame labor de limpieza ética e
ideológica, a una parte de la Administración de Justicia se le asignó el papel
legitimador de las represalias de los vencedores, quienes no se conformaron con
la victoria, sino que se esforzaron por imponerse, auspiciados por el dominio
de la exclusividad, en todo espectro de la vida española. Abundantes
procedimientos y sentencias judiciales teatralizaron, bajo el amparo de leyes
ex profeso, la venganza del bando nacional y la supresión del republicano. Este
carácter extirpador se reflejó en la multiplicidad de jurisdicciones
especiales, como el Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo, de
1940, o el Juzgado Especial Militar de Actividades Extremistas, de 1958.