Adelantaba en el artículo anterior, fiel y dilecto lector, que los acontecimientos acaecidos en el año de 1970, protagonizados por los abogados demócratas en su oposición al régimen de Franco, significarían el torcimiento del ámbito jurídico de la época.
En mayo, el juicio al dirigente comunista asturiano Horacio Fernández Inguanzo, arrestado en una de sus incursiones clandestinas a España, se acordó celebrar a puerta cerrada por la sala del Tribunal de Orden Público, a lo que el abogado defensor José Manuel López se opuso enérgicamente, razón por la cual fue acusado de desobediencia, procesado y encarcelado. Difundida la actuación del Tribunal, los abogados emprendieron una suerte de huelga, y se negaron a desempeñar la defensa ante el Tribunal de Orden Público; perseverantes durante los meses siguientes, hasta el punto de que unos cuarenta abogados fueron condenados a un año de suspensión en el ejercicio profesional.
En junio de 1970, el IV Congreso de la Abogacía, celebrado en León a convocatoria del Decano del Colegio de Abogados de Madrid y Presidente del Consejo General de la Abogacía Española José Luis del Valle-Iturriaga, con numerosa prensa extranjera acreditada, se inició con el desplante de los abogados demócratas a la intervención del Ministro de Justicia Antonio María de Oriol Urquijo, abandonando la sala más de la cuarta parte de los asistentes; entretanto, otros gritaban «¡Franco, Franco!». El mismo Decano, según publicó el periódico francés Le Monde, se acercó al Ministro exclamando: «¡Permitidme, señor Ministro, que os abrace en nombre de los abogados de buena fe!». Durante el transcurso de los debates congresuales, los abogados demócratas plantearon la abolición de la pena de muerte, que, para sorpresa de muchos sectores, incluido el Decano —quien había perdido el control de la situación—, se aprobó por aclamación. Además, se discutieron tres propuestas transcendentales: la derogación de las jurisdicciones especiales, la amnistía para los presos políticos y la creación de un Estatuto de Presos Políticos; compendio, este último, de novedosa radicalidad, pues no había equivalencia vigente en la Europa democrática, al no darse, claro, escenario equivalente. De todas ellas, la amnistía para los presos políticos se aprobó por mayoría.
Sin embargo, el régimen franquista no se sintió aludido ante tamaña muestra crítica procedente del colectivo de la abogacía, considerándola, quizá, rabieta de niños malcriados, y respondió de la única manera que conocía y dominaba: el empleo de la fuerza y el terror, endureciendo la represión. Se aceleraron los consejos de guerra, los procesos penales y las ejecuciones. La abogacía demócrata quedó obligada a aguantar el pulso. La tensión era cada vez mayor. Los abogados se jugaban cada día su carrera y su propia vida. Fueron suspendidos, encarcelados, desterrados. También años después de la muerte de Franco serían asesinados por su condición y labor, como ocurriría con los abogados de Atocha 55, en enero de 1977. Pero, aún en aquel año de 1970, los incidentes eran aberrantes y la presión franquista, imperturbable.
El 3 de diciembre, se inició el llamado Proceso de Burgos, juicio sumarísimo, en consejo de guerra, a dieciséis miembros de ETA (entre quienes se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes), acusados del delito de rebelión general continuada, solicitándose un total de seis penas de muerte y más de setecientos años de prisión. Fruto de una sucesión de detenciones masivas, se les imputó los asesinatos de José Pardines Arcay, agente de la Guardia Civil, al interceptar a miembros de ETA en un control de carretera, el 7 de junio de 1968; de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de la Comisaría de San Sebastián, el 2 de agosto de 1968; y del taxista Fermín Monasterio Pérez, el 9 de abril de 1969; asimismo, atentados y robos con un botín reportado superior a los treinta millones de pesetas.
La repercusión del juicio fue enorme, la sala no daba cabida a la gran asistencia, y la presencia de la prensa nacional e internacional, de amplia acreditación, fue aprovechada por las defensas para atacar y minar moral y políticamente al régimen dictatorial. Diariamente, los abogados emplazaban a la prensa a una rueda en la que se reanudaban o prorrogaban las declaraciones, manifestaciones de ofensiva directa que horadaban el corazón legitimador del franquismo, ese corazón excusador de una brutalidad irracional e inhumana, demencial. Con aquellas ruedas de prensa, los abogados defensores fomentaban, sin duda, el efecto catalizador sobre la presión internacional, la ruptura de cualquier modelo de respaldo al régimen, sea por reparo o vergüenza. El Gobernador Civil de Burgos, Federico Trillo-Figueroa, decretó, para las ruedas de prensa vinculadas al mediático proceso, la previa solicitud, con veinticuatro horas de antelación y la presencia de un delegado civil, de la que los defensores se desentendieron; es más, varios compañeros acudían a la sala del tribunal con grabadoras ocultas en sus maletines, que no hicieron públicas hasta la conclusión del juicio.
Desde luego, sin abogados no sería posible el derecho al proceso con todas las garantías, puesto que no lograrían culminarse. Aunque, en España, los abogados se sumaron a otros colectivos en primera línea, sin quienes no habría sido posible la Democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario