No sé a usted, apreciado lector, pero a mí me ayuda mucho a dormir tranquilito y profundo como bebé el saber que tenemos un Gobierno que vela con tal denuedo por los intereses de sus ciudadanos. Así, sobrado de exigencia y curtido de eficiencia, preocupado por el bienestar y mejor vivir de la población que administra y gobierna, ejecutor de la legalidad vigente, invierte con sabiduría y destreza el dinero público, ése que recauda con mecánica gestión por los más hilarantes y gratuitos aconteceres de la existencia, en campañas publicitarias destinadas a recordar, que no a concienciar (pues es aventajado conocedor del exceso de conciencia de sus gobernados), que debemos promocionar aquellos gestos y llevar a cabo aquellos actos destinados al ahorro energético.
En su infinita e ilustrada razón, comprende el Gobierno que, en ocasiones, los ciudadanos nos despistamos, ofuscados en el ajetreo de la cotidianeidad, dejando encendidas todas las luces y los electrodomésticos de la casa, aunque no los necesitemos; quemando neumáticos y combustible, mientras fardamos de coche molón con motoraco ebrio de nitroso; o abriendo el grifo a máxima presión para lavarnos las manos o fregando los platos no sólo después de comer, cuidado, sino después de haberlos fregado, en una conflictiva obsesión por la inmaculada limpieza.
Y claro, con tamaños descuidos populares, que los administrados, sobrepasados de renta per cápita (o como quiera que se la llame), con salarios por las nubes, se pueden permitir, el Gobierno, en cambio, se ve obligado, a fin de satisfacer el desmesurado consumo, a restringir el riego a los agricultores, demandar un aumento de combustible a las empresas petrolíferas o incrementar la compra de electricidad a Francia, ésa que genera, haciéndose rica, a través de las centrales nucleares levantadas cerca de los Pirineos, frente a aquéllas que nosotros hemos desmantelado en suelo patrio. (Lo de la crisis nuclear francesa es transitorio).
El caso es que dichos gastos imprevistos merman el Tesoro Público con trivialidad. Un dinero que se resta de actuaciones comprometidas con la utilidad pública, como las campañas publicitarias de concienciación (ahora, sí) contra la ingesta de frutas y verduras, el ejercicio diario y la lectura de libros, que tanto comprometen nuestra salud física y mental. Adicciones que habrían de ser erradicadas inmisericordemente, quedando, por el contrario, un poco relegadas al ostracismo, entre otras razones, porque el Gobierno entiende la prioridad del ahorro energético y el desliz del conciudadano medio.
No alcanzo a comprender, la verdad, el revuelo de indignación que se ha montado en torno a la feliz campaña publicitaria gubernamental, recordatoria y ahorrativa, que ha dado al dinero público un honorable acomodo. Los españoles tenemos pasta para vomitar y el Gobierno asume que una factura mensual de luz por debajo, tecleemos, de los cien euros, para el español medio, es indignante y bochornosa, tercermundista. Por ello, con el inteligente objetivo de mantener la paz común, le resulta imperativo no controlar o intervenir los precios de la luz, dejando que suban y sigan subiendo al libre albedrío de los operadores o jefazos del sector, para centrarse en evitar o disminuir el derroche que, pronto o tarde, repercutirá en las arcas del Estado, ajenas para el conciudadano medio. También por ello, con idéntico ingenio conservador en el nivel cuantitativo del importe de facturación, compensa la fútil idea de reducir el IVA con la imposición de un impuesto que todavía ignoro (discúlpeseme mi escasa cualidad intelectual) qué vinculación guarda con el gas, si bien, sufraga el descrédito de una zarrapastrosa factura mensual de, tecleemos otra vez, cincuenta euros.
El beneficio de la paz pública resulta primordial, para lo cual la iniciativa gubernativa se antoja fundamental, incluida esa campaña publicitaria, recordatoria y ahorrativa, trasunto de un pequeño tironcete de orejas combatiente del libertinaje de los ciudadanos vomitadores de pasta, que el Estado, hay que insistir, no se puede permitir.
Criticar la campaña publicitaria, entonces, implica aprobar y ratificar el salvaje derroche español, que el consumidor nacional paga gustoso con su facturación, porque rebosa pasta a espuertas, sin mirar las repercusiones para su propia Nación. Implica aplaudir que los desmedidos precios de la luz y del combustible se deban a la desbocada demanda ciudadana, en perjuicio del Gobierno, comprometido a cubrir las necesidades de una población caprichosa y malcriada. Quien critica su campaña publicitaria, se muestra ciego a la inconmensurable labor de contención en la intervención de los precios y de incorporación de nuevos impuestos en la facturación que nuestro venerable Gobierno realiza en aras del bien común, para prevenir que un coste ordinario de la luz y del combustible cause el enconamiento de los ciudadanos patrios, negados a valorar el esfuerzo estatal.
Sólo espero que, cuando todos esos criticones de la campaña publicitaria gubernamental vean por la televisión este invierno a los integrantes del Consejo de Ministros muy abrigaditos con jerséis de lana en su reunión semanal, al ordenarse cumplir con la campaña de ahorro energético estatal y mantener baja la calefacción, no osen tachar a nuestro Gobierno de falto de estilo y de clase, de vulgar.
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