Que se pueda financiar la compra de un coche pero no se pueda alquilar un piso dice mucho de locura económica en la que andamos inmersos en los últimos tiempos, sin que se columbre siquiera el amago de adoptar remedio alguno.
Este verano, durante una entrevista, un ministro aseguró que en una economía de mercado sería ilegal que el Gobierno fijara los precios, instando a los operadores contención, responsabilidad y compasión con los millares de consumidores de clase media que cada vez se veían más ahogados por la descontrolada subida de precios. Faltó al ministro especificar que se refería a una economía de libre mercado o una economía en la que la oligarquía plutocrática hace y deshace a su gusto y conveniencia. También faltó al ministro aclarar el porcentaje de facturación que correspondía al apartado de impuestos, y que igualmente ahogaba a la clase media consumidora, pues, al subir el precio del producto adquirido, subiría el resultado del porcentaje impositivo aplicado. Asimismo, faltó al ministro comprometerse en reducir desplazamientos, usar ropa adecuada a la estación en curso y demás medidas de ahorro presupuestario que protegerían el Tesoro Público, cuya merma seguiría ahogando al consumidor medio. Olvidó el ministro, en fin, que aquellos operadores que habrían de procurar más contención, responsabilidad y compasión tendrían a su cargo miles de trabajadores integrados en la clase media a quienes abonar salarios que les eviten un ahogo superior al debido.
No se puede dudar, faltaría, de la prohibición intervencionista del Gobierno en el mercado, que las marionetas encorsetadas vigilan con telescopio desde Bruselas. Sí se puede dudar, en cambio, de que el idéntico rango legal que prohíbe no conceda mecanismos de actuación en la economía, bajo el amparo de cierta norma de rango superior a la ley. Como se duda de la inmutabilidad de la ley, puesto que, si las leyes son reflejo de su contexto histórico y una Constitución se puede modificar en cinco segundos, toda norma de rango inferior se puede modificar en tres.
Cuestión diferente, he aquí el quid, he aquí la necesidad de insistencia, es que la oligarquía plutocrática que maneja los hilos de las marionetas encorsetadas que vigilan con telescopio desde Bruselas torne inmutable la disposición legal en liza. La misma oligarquía plutocrática, tecleado sea de paso, que forzó la reforma constitucional por vía sumarísima, fiscalizada, precisamente, por las marionetas encorsetadas que vigilan con telescopio desde Bruselas. Cuestión ésta contra la cual al consumidor de clase media no le queda otra opción que dejarse arrastrar por los placenteros efectos narcóticos del ahogo provocado por la subida de precios, como el exigente consumidor de sexo se deja arrastrar por los placenteros efectos narcóticos de la asfixia erótica.
No hace mucho, una buena y sabía amiga, comentando con ella el tema, condenó apasionadamente —con la vehemente pasión que proyecta en sus estados de indignación— la crítica constante a la empresa privada en esta ignominiosa hiperinflación que ahoga a la clase media consumidora. Me precisó, entonces, que quizá la intervención gubernativa en la economía podría relegarse a instrucción pasiva, si se atiende al juego binomial del gasto y el ahorro. Me expuso, con un excepcional acierto, que uno de los factores que influyen en la subida de precios es el exagerado gasto de dinero, lo que se traduce en un exagerado déficit de dinero ahorrado. En la sujeción del gasto estaría la clave. Y el primer gastador del país, hijo pródigo del derroche nacional, es el propio Gobierno. Basta con aproximarse a las cuentas de la Hacienda para corroborarlo, soplando billetes al aire como si la macroeconomía se basara en el principio de equiparación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con una imprenta de octavillas propagandísticas. Luego, claro, la deuda pública supera el cien por cien del Producto Interior Bruto, alejándose de modo imparable ad infinitum.
Ante tamaña vorágine lisérgica, al buscar un piso de alquiler, quiérese decir o teclear, al buscar un piso para vivir, se descubre que las rentas han subido tanto que ese salario ganado al coste de litros de sudor diarios no da para el arrendamiento, y que mucho menos dará cuando el propietario aplique el porcentaje de subida legal anual, si es que el Gobierno continúa desentendiéndose de la intervención en la economía; si es que continúa, vamos, pasándose la intervención por el forro de los cojones. Así que, sin residencia privada ni alternativa de compartir, la solución se circunscribe al retorno al hogar paterno, al acogimiento familiar o a la reserva de sombra en un puente, que para asearse livianamente está el baño del trabajo. Todo ello, siempre que no se disponga de la garantía de un avalista para el pago mensual de la renta, porque la gestión de un arrendamiento se somete hoy al régimen de gestión de una hipoteca… ¡Menudo sindiós!
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