No se elaboró una lista de bajas, ni tampoco interesó elaborarla, por lo que, nada más se conoció la desastrosa y trágica noticia en la península, cientos de madres, hijas, hermanas, esposas y novias se embarcaron rumbo al Rif. Allí, recuperadas las posiciones entre septiembre y noviembre de 1921, todas enlutadas, comitiva fúnebre en pena, con el alma destrozada, recorrieron los campos de las batallas en busca del cadáver de ese hijo, ese padre, ese hermano, ese marido o ese novio, cuya desventura ignoraban, aunque tan sólo pudieran recuperar una medalla o una reliquia que devolver a casa.
Las cifras oscilaron entre los diez y los doce mil muertos. Con tamaña catástrofe, se demandó una profunda instrucción que investigase los hechos y determinase responsabilidades. Para ello, se designó al general Juan Picasso González, militar de reconocido prestigio en el Ejército (y primo del padre del famoso pintor), quien concluyó la misión encomendada con un exhaustivo Informe, resultado de un complejo y voluminoso Expediente.
Seguro de su lógico proceder durante la contienda en el Rif, el Alto Comisario Dámaso Berenguer fue el primero en apelar por la instrucción, en la creencia de que no le alcanzaría. Cuando Picasso le requirió los planes operacionales dirigidos al general Fernández Silvestre y sus tropas, presionó al Ministro de Guerra Juan de la Cierva, quien ordenó a Picasso dejar al margen la actuación de Berenguer, limitándose a los jefes, oficiales y tropa en el cumplimiento de sus obligaciones militares. Picasso no se arredró, tomó declaración a casi ochenta personas y, después de nueve meses de trabajo, cerró su Expediente de unos dos mil quinientos folios. Tres meses más tarde, el 18 de abril de 1922, Picasso entregó su Informe en el Ministerio de Guerra. Cuando se reveló la constancia en el Informe tanto de la negligencia de los generales Berenguer y Navarro como de la temeridad del general Fernández Silvestre, sin obviar las vergüenzas del sistema que destapó, Picasso fue poco menos que repudiado en el Ejército.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Fiscalía Militar hallaron indicios de responsabilidad penal y se procesó a treinta y nueve militares, incluyendo a los treinta y siete oficiales responsabilizados en el Informe Picasso, el general Berenguer entre ellos. Más bochornosa fue la Comisión Parlamentaria que pretendió depurar responsabilidades políticas y que, con encendidas acusaciones (el nombre del Rey salió a colación en varios momentos), escándalos y filtraciones, saltó a una segunda Comisión Parlamentaria. Trabada en su exigencia de documentación militar a la Junta de Defensa Nacional (y con el nombre del Rey de nuevo pululando), decidió convocar al Pleno de la Cámara, para celebrar votación general el día 2 de octubre de 1923. Sin embargo, el 13 de septiembre, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado, disolvió las Cortes y proclamó la dictadura, con el beneplácito del Rey. El proceso de responsabilidad política se dio por finalizado.
La España de los años veinte del pasado siglo era una sociedad hundida en una profunda crisis general, era una sociedad errática, muy convulsa, dueña de un sistema desestructurado y corrupto, quebrado en todas sus formas y manifestaciones. España no era una sociedad del siglo XX, era un caos a punto de estallar. Repercutir la responsabilidad del Desastre en una o varias personas, aun siendo sobre un Rey, sería un parche defectuoso. Desde luego que la inconsciencia del Rey y la negligente soberbia de sus generales fueron culpables de la calamidad española en el Rif, pero condensar esta culpa en ellos supondría velar el contexto socio-político preponderante.
Porque, cuando las primeras noticias del Rif iban llegando a la península, la población se puso a ello, dejando en evidencia al Estado y delatando la corrupción subyacente. Se organizaron rifas, tómbolas, suscripciones y colectas; los toreros, terminada su faena, ponían el capote en mitad de la plaza, rogando donaciones al público; en Bilbao, se compró un tanque; jóvenes por miles se acercaron voluntarios, ansiosos de venganza, a las oficinas de reclutamiento (se conformaría una expedición ulterior), también médicos; se intentó componer un Tercio de Voluntarios Catalanes en Barcelona; provincias compraron aviones y, en Zaragoza, se anunció colecta para comprar el avión, las bombas y los gases; los funcionarios contribuyeron con días de sus pagas; invirtiendo cuatro días, un diputado, sabedor de la inutilidad de las ametralladoras, compró seis fusiles ametralladores en Francia y, presentándolos en Melilla, se preguntó la razón por la que el Ministerio o el Estado no se agenciaba cientos; se acumularon cuarenta mil soldados voluntarios en Melilla, en espera de la reconquista del territorio, sin lugar donde hospedarse, dormían en la calle, de modo que la marquesa de Urquijo adquirió y envió cuatro mil colchonetas, que se entregaron en dos días; se importaron mil caballos, cuando los mandos y sus familias galopaban airosos por España…
En fin, dedico los últimos tecleos de este amargo relato a los miles de españoles forzados al servicio, víctimas del tiempo que les tocó vivir; a quienes, faltos de instrucción, de vida y de mundo, murieron huyendo, presas del pánico; a quienes, instruidos y ordenados, dieron su vida en defensa de sus compatriotas… y también a quienes sobrevivieron, que fueron entrando en Melilla durante los días y las semanas posteriores, consumidos por el hambre y la sed, por el miedo y el estrés, por la penalidad y el martirio. Imagen a la que el general Picasso, testigo compungido, se refirió como «el goteo de muertos».
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