Vamos a ver, no es que le haya tomado manía al
artículo 1 de la Constitución. Lo que pasa es que está demasiado desfasado,
respecto de nuestra realidad histórico-socio-política, de modo que no hay por
dónde cogerlo. Y creo que me contengo, con la reforma que planteo. Sin embargo,
este artículo (el que estoy tecleando, no el de la Norma Fundamental) tiene el
único objetivo de finiquitar aquellas ideas o sugerencias que me propuse
ofrecer en la anterior entrega, poniéndolas a disposición de aquel organismo al
cual se le endose el marronazo, y cuyos miembros serán remunerados, sin duda,
excesiva, si bien, merecidamente.
Guiado
por tal espíritu reincidente, insistiendo en el 1, y con repercusión en sus
concordantes, prescindiría de la fútil palabra «libertad», porque, con el
número de gilipollas por metro cuadrado que pululan por España (inclúyanse
soplagaitas del pokemon), dejar que
circulen y se expresen a su aire es locura con visos de espeluznante
desmemoria. Su apartado 2, se redactaría con una apuesta coherente con estos
maravillosos tiempos que nos han tocado vivir, que sólo pueden mejorar, como
hasta el más charlatán de los adivinadores sabrá leer a través de la
cartomancia: «Se fomentará la ilusión de que la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que creerá que emanan los poderes del Estado». Todos los
españoles somos incondicionalmente monárquicos, por ello anticipo la
invariabilidad del apartado 3. Para contentar a catalanes, vascos, navarros y
valencianos (y a ciertos gallegos, andaluces y canarios), liquidaría el
artículo 2, y quizá el 3… y el 4… y el 5… y el 8. Lo de la concurrencia de la
voluntad popular de los partidos, del 6, lo matizaría con «voluntad partidista»
de los partidos (e ignoraríamos la indignación de la RAE por la redundancia,
como es costumbre; tampoco vamos a reformar tanto). Otra vez por cortesía
internacional, no variaría el 10. Como lo de ser español produce vergüenza
(propia y ajena), no me molestaría con tanta precisión en el 11. Reduciría la
mayoría de edad a los dieciséis, salvo para la mujeres, no vayan a querer
abortar por su cuenta. Para los extranjeros del 13, añadiría «con alto
patrimonio económico». En el 16, la religión del Estado, católica, por
supuesto. Incorporaría la excepción de las plataformas digitales, en el derecho
al honor, la intimidad personal y la propia imagen; así, cualquier mamarracho,
escudado en el anonimato o en la distancia, podrá despacharse a gusto.
Compensaría el asunto sustituyendo la prohibición de los Tribunales de Honor
por el restablecimiento de los duelos en el campo del honor, de mayor tradición
y raigambre patrias. El secreto de la comunicaciones es una clara cortapisa en
la lucha antiterrorista, lo abrogaría, constitucionalizando el espionaje
masivo; total, ya publicitamos voluntariamente nuestras intimidades en las
redes sociales. En lugar de concederle rango constitucional a la producción y
creación literaria y artística, se lo daría a la piratería de las mismas. Por
su parte, repudiaría la producción y creación científica y técnica, pues
desprestigian al país. En esta línea, el artículo 44 estipularía: «1. Los
poderes públicos ahogarán y negarán el acceso a la cultura, a la que nadie
tiene derecho. 2. Los poderes públicos cancelarán la ciencia y la investigación
científica y técnica en perjuicio del interés general». Presentaría, en
definitiva, el aditamento de «mientras no les toquen los cojones a sus
señorías», en los derechos de reunión y manifestación; restringiría la libertad
de información al capricho ideológico del redactor y a las ambiciones de
mecenas y patrocinadores; e instauraría por fin la dedocracia, en el acceso a
las funciones y cargos públicos. Ampararía la exención en las obligaciones
tributarias de quienes eroguen su riqueza con el recurso de múltiples empresas
—alguna creada en un paraíso fiscal supondría un plus de exención—, o de una
española bajo el tipo mínimo; o la mera circunstancia de ser titular de una
cuenta en un paraíso fiscal, ya sería motivo de condonación. «Todos» es un
pronombre extremo, para el derecho a la presunción de inocencia; reemplácese
por «quienes no se hallen investigados». Probada su trivial consideración por
los Poderes, aboliría al Defensor del Pueblo. A mayor honestidad
constitucional, remarcaría la proporcionalidad de las pensiones durante la
tercera edad a las aportaciones realizadas durante la vida laboral, y al
derroche institucional.
Por
último, mención especial para los artículos que regulan la reforma
constitucional. Proceso tan reglado y trabado resulta un incordio para
políticos y ciudadanos, lo lógico sería reservarles oficialmente a los alemanes
las futuras reformas.
A
todos aquellos arrojados, sabed que, frente a la bochornosa pantomima de los
últimos meses, representada por políticos incapaces, la Constitución de 1978,
con su anacrónica redacción, ha logrado preservar la estabilidad del Estado,
sustentando la escasa dignidad que a éste le quedaba.
Surdecordoba.com, 31 de julio de 2016
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