España 1931-1936 (IX)

 Artículo publicado en redes sociales por Sur de Córdoba. Seguidamente, el texto completo.

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La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) se fundó el 1 de junio de 1930 como sindicato socialista federado de la Unión General de Trabajadores (UGT), para el ámbito agrícola y ganadero, y, al instante de formarse el Consejo de Ministros presidido por Manuel Azaña, organiza y moviliza a los campesinos, quienes inician un proceso de ocupación de las tierras de la cuales han sido desalojados durante el segundo bienio, la mayor parte durante el invierno de 1934-1935. Que las autoridades locales repuestas les concedan su apoyo, no soslaya la amenaza del conflicto, por lo que urge regularizar la acción, marginada, ahora, de la legalidad vigente. El proyecto pasa por restituir la Ley para la Reforma Agraria de 1932, que el Ministro de Agricultura Manuel Ruiz-Funes García, de Izquierda Republicana (IR), logra el 11 de junio de 1936. En el ínterin, una sucesión de Decretos ampara las incursiones, a modo de reconquistas, y las parcelaciones, a modo de repartos, en las fincas donde, hasta hace un par de años, el campesinado ha labrado, cultivado y recolectado a cambio de un mísero jornal, lanzado por el latifundista de turno como suerte de limosna, y, munificente éste, tal vez, de unos metros cuadrados para erigir una paupérrima choza. Sin exención de violentos y sangrientos enfrentamientos con la Guardia Civil y los propietarios, en julio de 1936, más de cien mil campesinos se habrán asentado en su fracción de terreno. Por otra parte, el Frente Popular (FP), con el Presidente del Consejo Azaña a la cabeza, ya no soporta al Presidente Niceto Alcalá-Zamora, o no soporta más sus reticencias (o negativas) a plegarse a los deseos y caprichos, a los intereses imperativos y mandatos disfrazados de sugerencias de las izquierdas. La conspiración urdida para destituir a Alcalá-Zamora se emprende el 3 de abril de 1936. Acomodada en la supuesta infracción del artículo 81 de la Constitución, que regula la disolución de las Cortes por el Presidente de la República, de conformidad con su artículo 82, el bloque de la izquierda propone una iniciativa de destitución, votada por los compromisarios reunidos con las Cortes el día 7 de abril. Los doscientos treinta y ocho votos de la izquierda y la abstención de la derecha deciden la destitución de Alcalá-Zamora, asumiendo la presidencia interina Diego Martínez Barrio, como Presidente de las Cortes. El general Emilio Mola Vidal, trasladado a Pamplona y todavía cubierto con la bandera tricolor, mantiene activa la trama golpista y su contacto con el líder exiliado en Portugal general José Sanjurjo Sacanell (morirá el 20 de julio de 1936 en accidente de avión). El plan contiene en su detonante que, si Francisco Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), alcanza la Presidencia del Consejo de Ministros, comenzará la sublevación. En marzo, los conjuradores han elaborado un sistema de claves secretas para comunicarse, al tiempo que la información que recopila el Gobierno ha sido la de la naturaleza monárquica del complot, de forma que se han descartado a los militares no monárquicos… Craso error. La violencia común, indistinta entre derecha e izquierda, protagoniza cada uno de estos días, indiscutible factor de influencia para los sucesos presentes y para los futuros. Durante las semanas que han seguido a las elecciones, han sido arrasados varios edificios religiosos en diferentes ciudades, al igual que el diario El Ideal del Granada, de sesgo católico. Se han cometido asesinatos en plena calle con el infame privilegio de la impunidad. Tras varios ataques contra falangistas, se ha extendido el rumor de que el instigador de los mismos ha sido el diputado socialista y catedrático Luis Jiménez de Asúa, y, el 12 de marzo de 1936, se ha perpetrado un atentado contra su persona, del cual ha resultado ileso, aunque le ha costado la vida a su escolta. La reacción de los extremistas del Frente Popular no se ha hecho esperar y una turba ha destrozado y quemado el local y los talleres del diario La Nación de Madrid; al salir de allí, han destruido dos iglesias del centro, la de San Luis Obispo y la de San Ignacio. El 14 de marzo, la Policía ha detenido en su domicilio, acusado de tenencia ilícita de armas, a José Antonio Primo de Rivera, de la Falange Española de las JONS (FE-JONS), quien, al no resultar elegido diputado en las elecciones de febrero, carecía de inmunidad. También han quedado detenidos el resto de los miembros de la Junta Política de Falange y gran parte de los jefes de centuria y los escuadristas de Primera Línea de toda España. Unos dos mil falangistas arrestados en total. El 17 de marzo, la FE-JONS ha sido declarada judicialmente organización ilegal, por tenencia ilícita de armas y actividades violentas. Oculto, entonces, en las sombras de la clandestinidad, Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, ha asumido la jefatura del partido, si bien siguiendo las directrices e instrucciones remitidas desde la cárcel por éste. Las actuaciones policiales y judiciales no impiden o interrumpen, sin embargo, los constantes asesinatos ejecutados por uno y otro bando, izquierda y derecha. En Oviedo, el 25 de marzo, ha muerto, víctima de las heridas infligidas por un atentado, el doctor Alfredo Martínez García-Argüelles, del Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD), Ministro de Justicia, Trabajo y Sanidad durante dos semanas, en diciembre de 1935, quien ha declarado, en sus últimos días de sufrimiento: «Pido a Dios ser la última víctima de la guerra civil que destroza a España». La Universidad, palacio de la sabiduría, el conocimiento, la formación, la educación, ha sido el foco de los más grandes conflictos, sede institucional de los grupos extremistas y del Sindicato Español Universitario (SEU), vinculado a la FE-JONS, asociación mayoritaria estudiantil. El Consejo de Ministros, conexionado con socialistas y comunistas, abonado a la inacción, ni siquiera ha amagado con intervenir para restituir el orden público, superada la operación contra la Falange. En una carta del Presidente Manuel Azaña a su cuñado, el escritor y periodista Cipriano Rivas Cherif, de 19 de marzo: «Hoy nos han quemado Yecla, siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derechas y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y en Almansa. Ayer, motín y asesinato en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, en Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas, han apaleado en la calle de Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería. En Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos, hasta en Alcalá de Henares. Ahora vamos cuesta abajo por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría. No sé en esta fecha cómo vamos a dominar esto». Pese a su evidente consciencia de la situación, Azaña no ha mostrado iniciativa alguna, como tampoco se hizo en los albores republicanos de 1931. Ninguna acción se acomete por el Gobierno para combatir, aislar, detener, disolver los grupos extremistas de ambas facciones. El Gobierno de la República no ha sido ni es capaz de controlar tamaño caos. Un caos que ni ha sido ni es fruto de un problema ideológico, sino de una desmesurada demencia colectiva. El 14 de abril de 1936 se celebra el V aniversario de la Segunda República. Hay un desfile militar y, al paso de una compañía de la Guardia Civil, unas cuadrillas de izquierdas la insultan. Cinco guardias de paisano que se encuentran por allí los increpan por las ofensas y los hacen retirarse del lugar. Minutos después, las cuadrillas regresan armadas y tirotean a los guardias civiles: un muerto, Anastasio de los Reyes, y dos guardias graves. Al día siguiente, el Consejo de Ministros Azaña prohíbe, al objeto de evitar conflictos, el velatorio del cadáver del guardia civil fallecido y censura las esquelas en los periódicos, para contener la difusión del hecho. No obstante, a pesar de las medidas adoptadas, miles de personas acompañan al féretro hacia el cementerio, recibiendo, a lo largo del camino, disparos desde edificios en construcción, que son de inmediato repelidos por integrantes del cortejo fúnebre (militares y civiles), quienes también van armados. Bochornoso y tristísimo tiroteo por las calles entre izquierdistas y derechistas mientras se desplaza la comitiva portando un cuerpo en su ataúd con destino al camposanto. Finalmente, la autoridad gubernamental envía a la Guardia de Asalto para deshacer la comitiva, dispersar a los asistentes y dejar que el féretro llegue solo al cementerio. Comandada por el teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, la Guardia de Asalto causa cinco muertos y quince heridos entre los componentes del cortejo. El asesinato del teniente Castillo, el 12 de julio de 1936, tendrá su repercusión histórica. Hasta ese momento, considérese retratada la España de mediados de abril de 1936.