Pero se trataba de un caso extraordinario,
digno, por ende, de acaeceres extraordinarios. Con la habitual flema británica
por bandera, la Cámara de los Lores dictó resolución de nulidad de la de
estimación de la apelación del 25 de noviembre. Uno de los lores integrantes de aquel Comité de Apelación, Leonard Hoffmann, vinculado con Amnistía
Internacional, parte en el proceso, no se había inhibido en la causa. La
conexión era conocida por los abogados de Pinochet, reservándosela, por
cuestiones estratégicas. Victoriosos en la jugada, se repitió la vista y, el 24
de marzo de 1999, dictó que Pinochet no gozaba de inmunidad y podría ser
extraditado, si bien sólo por delitos cometidos con posterioridad a septiembre
de 1988, fecha en la cual se apreciaba que la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de 10 de diciembre de
1984, habría entrado en vigor en España, Chile y el Reino Unido. La estricta
acotación reducía la imputación de Garzón a un único hecho, de modo que convocó
de inmediato a los abogados de las acusaciones particular y popular instándolos
a que, en quince días, conformaran una sólida ampliación de la imputación. Se
recabaron más de setenta hechos susceptibles de responsabilidad penal
procedentes de diversos países. En el ínterin, el 26 de marzo, Pinochet recibió
el respaldo público de la visita de Margaret Thatcher, quien alabó la figura,
hagiográfica por momentos, del Presidente que instauró la democracia en Chile,
con una constitución y elecciones libres, tras las cuales cedió el poder. No
impidió la dama de hierro británica que el Ministro Straw reiniciara el procedimiento
de extradición el 15 de abril, para autorizarlo el 8 de octubre… Y fue aquí
cuando entraron en liza los rancios subterfugios de la política… O así lo
condenó Joan Garcés.
