lunes, 31 de agosto de 2026

España 1931-1936 (VIII)

 Artículo publicado en Sur de Córdoba, en su exclusiva edición a través de redes sociales. A continuación, el texto íntegro.

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El fascismo se ha politizado relativamente tarde en España. Tras una década de fracasados intentos de asentamiento, ha sido el empuje europeo del triunfo de Adolf Hitler lo que ha consolidado la organización nacional, al arraigar la conciencia de la necesidad de encontrar un líder carismático que encabece el movimiento. José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera y acérrimo partidario de su padre, pronto había protagonizado una campaña en su defensa, al tiempo que se alineaba con las corrientes fascistas y nacionalsocialistas europeas, que propugnaba por doquier. Tenía la presencia y tenía el discurso, tenía, en fin, el carisma popular buscado. Hasta el momento, el grupo de extrema derecha más destacado ha sido las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), de Ramiro Ladesma y Onésimo Redondo, creado en octubre de 1931 y que se ha adherido al ideario de un partido consolidado, representado por un líder carismático, auspiciado por empresarios financieros e industriales. El 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, por su parte, se ha fundado oficial y públicamente la Falange Española (FE), bajo la etiqueta del nacionalsindicalismo, el apoyo de las JONS y el liderazgo de José Antonio Primo de Rivera. La condición de FE no ha sido tanto la oposición al republicanismo, a la forma de gobierno, como al sistema parlamentario y democrático instituido (al menos, en la teoría o en la ley, la práctica es más dudosa), y no ha tardado en alzarse y expandirse, hasta el punto de que, en febrero de 1934, se ha fusionado con las JONS, formándose la Falange Española de la JONS (FE-JONS), que se diferencia de partidos europeos de idéntico corte en que tiene mayor respuesta social que electoral: en las elecciones de febrero de 1936 perderá el unitario escaño por Cádiz que ha sido otorgado a Primo de Rivera en 1933. Tanto de modo individualizado, primero, como en comandita, después, ambos grupos se han aficionado, a un nivel idiosincrásico, no sólo al discurso, sino a la actuación violenta, armada, como instrumento de imposición ideológica y desestabilización político-social, fundamentalmente, a través de sus juventudes, con las rodillas menos calcificadas, para correr más rápido, y los cerebros menos lúcidos, para obedecer más rápido. De consuno con sus correspondientes de la izquierda y del anarquismo, han protagonizado episodios o series de violencia descarnada, carentes de lógica o razón, y con sentido únicamente en una humanidad desnaturalizada (o de un tremendismo naturalizado, en esta época de los años treinta del XX), ebria de odio, de rabia, de rencor, de miedo y de poder, y muy falta de cordura, de concordia y de respeto. Por uno y otro bando, se ha pretendido la instauración de una doctrina (o un credo) mediante la fuerza, patrocinada por el principio maniqueo de quien no está conmigo, está contra mí (a qué suena el lema). En esta década, en esta República democrática de trabajadores de toda clase, organizada en régimen de libertad y de justicia, el pensamiento libre no se consiente, y vale de poco la decisión por votación. No hay más verdad que la propia, ni más opción que la victoria de uno por aplastamiento o desintegración del otro. En el futuro, el régimen franquista, menesteroso de una cobertura ideológica, tomará la base de la Falange Española, una vez fundada la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en abril de 1937, por integración de la Comunión Tradicionalista; y menesteroso de un mártir al que venerar y rezar, tomará la figura de José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante, juzgado por conspiración y rebelión militar, condenado a la pena de muerte y ejecutado por fusilamiento el 20 de noviembre de 1936; santificado como el Ausente. Pero, ahora, se han convocado las elecciones de 1936 y los partidos, o algo semejante a esto, pues, más que partidos, son inconscientes e inconsecuentes incitadores o instigadores de odio y violencia, están en campaña. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que nunca ha estado demasiado convencida acerca de la forma de gobierno republicana, en estos instantes, testigo del radicalismo exacerbado, de los conatos revolucionarios incontrolados, y temerosa de su posición política, reacciona adoptando la posición que debió adoptar durante el segundo bienio, reacciona respaldando la República (si lo hubiera hecho antes, habría alguien defendiéndola, claro). El Bloque Nacional de José Calvo Sotelo, coalición de derecha monárquica, extrema derecha o derecha radical, erigida en diciembre de 1934, y la FE-JONS manifiestan su ruptura con el régimen democrático, y Primo de Rivera declara: «No aceptaremos el resultado electoral», y punto. Mientras que Calvo Sotelo: «Hemos de procurar que estas elecciones sean las últimas. Lo serán, si triunfan las izquierdas, ya lo dicen ellas mismas sin rebozo; pues hagan lo mismo las derechas, hasta que, saneado el ambiente y el sistema, sea factible una apelación al sufragio». Con este animado y prometedor clima de veinticinco muertos y ciento catorce heridos en campaña, la primera vuelta, el domingo, 16 de febrero de 1936, la segunda, el domingo, 1 de marzo de 1936, las elecciones se celebran con intenso despliegue de las fuerzas de seguridad y sorprendente paz de trece muertos. La participación supera el setenta por ciento, con un porcentaje aproximado de votos del cuarenta y seis por ciento, para la izquierda y su concentración en el Frente Popular (FP); de los cuatrocientos setenta y tres escaños en Cortes, doscientos cincuenta y nueve, para el FP, y doscientos catorce, para el centro-derecha. Reunida en marzo la Comisión de Actas Electorales, con mayoría del FP, retira el acta de diputado a doce del centro-derecha y a uno de la izquierda y ordena repetir, por nulidad (se argumenta fraude, atribuido a la derecha), las elecciones en Cuenca y Granada, que tendrán lugar a principios de mayo, en un contexto de presión y violencia tal que, en Granada, las derechas retirarán sus candidaturas y, en Cuenca, girará, con insondable taumaturgia, el voto de la derecha al FP. El FP, o sea, resuelve las elecciones con doscientos setenta y ocho escaños. La actuación de esta Comisión de Actas Electorales se pone y se pondrá en entredicho, y en tela de juicio unas cincuenta actas, por alteraciones que hacen ampliar al FP en unos veintitrés escaños, incluyendo los de Granada y Cuenca, cifra a la que se añade a los entre veintinueve y treinta y tres escaños que el bloque de izquierdas suma gracias a las manipulaciones detectadas durante la primera vuelta; de manera que algo más del diez por ciento del total de los escaños no es el fruto de una disputa electoral democrática. El caso es que las izquierdas, el mismo día 17 de febrero de 1936, se han lanzado a la calle, reconociéndose ganadoras indiscutibles y festejándolo con desmanes por doquier; por el lado de las derechas, se han producido unos amagos golpistas. José María Gil-Robles, de la CEDA, ha instado al Presidente del Consejo de Ministros Manuel Portela Valladares a decretar el estado de guerra y anular las elecciones, lo que suscribe José Calvo Sotelo, cuando el general Francisco Franco, Jefe del Estado Mayor, ya ha remitido las órdenes a los mandos militares; aunque han de quedar desautorizadas por Portela y el Ministro de Guerra, general Nicolás Molero Lobo, tras la negativa a la propuesta de Gil-Robles. Ante tal tesitura, sin esperar a la segunda vuelta, Portela Valladares ha renunciado a la Presidencia del Consejo de Ministros, que entrega a la coalición de izquierdas, y, el 19 de febrero, Manuel Azaña ha constituido su Consejo de Ministros con doce republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana —IR— y tres de Unión Republicana —UR—) y un independiente, el general Carlos Masquelet Lacaci, como Ministro de Guerra. Cabe preguntarse la posición, siquiera el papel, del Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, o su autoridad, en la particular gestión del asunto del Consejo de Ministros. Haya sido la que haya sido, con reserva de espacio al desenlace, el Consejo ha acordado dispersar a los militares, empezando con el general Franco, quien ha sido destituido de la Jefatura del Estado Mayor y destinado a Canarias; el general Emilio Mola Vidal, a Pamplona; o el general Manuel Goded Llopis, a Baleares. También ha amnistiado a presos políticos y sociales, relacionados con la Revolución de 1934, si bien algunos penales se han abierto por iniciativa ciudadana durante los festejos electorales del 17 de febrero, y ha ordenado la restitución en su puesto de los trabajadores despedidos por idéntica causa, con obligación a los patronos, quizá, por coerción sindical, de indemnizar por los jornales no satisfechos; ha repuesto a los alcaldes y concejales elegidos en abril de 1931 y depuestos durante el segundo bienio; y ha restablecido las competencias y funciones a los ayuntamientos vascos implicados en la citada Revolución de 1934. El día de la segunda vuelta electoral, 1 de marzo de 1936, el Consejo Azaña ha dictado la reanudación de las sesiones del Parlamento de Cataluña y devuelto a Lluís Companys a la Presidencia de la Generalidad. Todavía sucediéndose las escenas de la Comisión de Actas, el Consejo de Ministros aborda la cuestión agraria, la cual se compromete a cada segundo, y atisba el inmediato tema posterior: el Presidente Alcalá-Zamora.


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