Artículo publicado en Sur de Córdoba, en su edición para redes sociales, y se reproduce el texto íntegro a continuación:
España 1931-1936 (VII) - Facebook
Pero el nuevo Consejo de Ministros de mayo de 1935 no se va a conformar con reformar la legislación ordinaria, aspira a la grandeza, aspira a reformar la Norma Suprema. En julio, presenta a las Cortes un anteproyecto de reforma constitucional con incidencia, para su modificación o para su supresión, en cuarenta y un artículos, que no prospera por falta de acuerdo, en medio del cual florece la cuestión de la devolución de las competencias autonómicas suspendidas a la Generalidad de Cataluña, a raíz de la Revolución de 1934. Estas desavenencias veraniegas son suficientes para adentrar al Consejo de Ministros en una crisis que, el 25 de septiembre, lleva a la destitución de Alejandro Lerroux como Presidente y el nombramiento en el cargo del Ministro de Hacienda Joaquín Chapaprieta y Torregrosa, de la Derecha Liberal Republicana (DLR), quien conserva la cartera ministerial, pasando Lerroux a ocupar el Ministerio de Estado y manteniendo a José María Gil-Robles en Guerra. Chapaprieta reduce el Consejo de Ministros de trece a nueve integrantes, apenas un mes después salta el escándalo de corrupción del Straperlo. La prohibición de los juegos de azar decretada en España no ha impedido a tres avispados empresarios, el mejicano Daniel Strauss, su esposa Frieda Lowann y el holandés Joachim Perlowitz, introducir un juego de pseudorruleta llamado Straperlo (acrónimo de los tres apellidos, si bien, otras versiones de la historia excluyen a la mujer de la ecuación), que, durante el verano de 1934, ha conseguido autorización para ser instalado en el casino de San Sebastián, gracias a las influencias de políticos del Partido Republicano Radical (PRR), cuya eficiencia en el trámite se ha visto incentivada con un porcentaje de participación en el negocio y facilitada con algún soborno. Según la versión publicada de Strauss, el reparto ha quedado con el veinticinco por ciento para Alejandro Lerroux; el diez por ciento para Juan Pich y Pon (Subsecretario de la Marina Civil y, en 1935, alcalde de Barcelona y Gobernador general de Cataluña); y un cinco para Aurelio Lerroux (sobrino y ahijado de Alejandro Lerroux), Miguel Galante Roudil (teniente coronel del Estado Mayor) y el periodista Santiago Vinardell y Palau; mientras que los sobornos se han reservado a Rafael Salazar Alonso (Ministro de la Gobernación, más tarde, alcalde de Madrid), con cien mil pesetas, y a José Valdivia y Garci-Borrón (Director General de Seguridad), con cincuenta mil pesetas. La gracia está en que la dichosa maquinita va con truco, que está trucada, vamos, y, cuando se descubre el fraude, Daniel Strauss transmuta a pájaro cantor y se chiva, primero, al Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, a través de un informe muy completo, en septiembre de 1935, en el que, siendo de justicia, reclama una indemnización por los gastos de instalación del juego y de soborno a los políticos del PRR. Al informe el todavía Presidente del Consejo de Ministro Alejandro Lerroux no le da importancia, y no la tendrá, hasta su destitución, porque, en octubre de 1935, Alcalá-Zamora obliga al nuevo Presidente Chapaprieta a hacer público el caso, sometiéndolo a debate en Cortes, donde se forma una comisión parlamentaria, que dictamina, a finales de mes, la culpabilidad de Juan Pich y Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco (diputado e hijo de Vicente Blasco Ibáñez), Aurelio Lerroux, Eduardo Benzo Cano (Subsecretario del Ministerio de la Gobernación), José Valdivia y Garci-Borrón, Miguel Galante y Santiago Vinardell. El 29 de octubre, al día siguiente, Lerroux abandona el Consejo de Ministros. Y, en noviembre, sale a la luz un segundo escándalo de corrupción: el asunto Nombela. El 12 de julio, el Consejo de Ministros Lerroux ha aprobado una indemnización a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario Antonio Tayá, que había sido contratada por el Estado para conectar por barco la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón, cancelada en 1929, debido a la pérdida de dos buques en Guinea Ecuatorial. Cuando el expediente indemnizatorio ha caído sobre la mesa del funcionario adscrito al área de colonias Antonio Nombela, éste, abrumado por el tufo fraudulento que emana de cada una de las páginas, se ha negado a emitir el pago, poniéndolo en conocimiento de los ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) José María Gil-Robles y Luis Lucia Lucia (cofundador de la CEDA y Ministro de Comunicaciones). Sin embargo, el Consejo de Ministros lo ha cesado el 26 de julio, lo que lo ha motivado a presentar el caso a las Cortes, donde se forma una nueva comisión en la que había de comparecer Lerroux, como firmante del expediente, quien no da explicaciones satisfactorias. Sea por un caso, sea por el otro, sea por el subterfugio de las desavenencias con el proyecto de reforma fiscal, Gil-Robles, el 9 de diciembre (IV aniversario de la Constitución), aprovecha para retirar su apoyo al Consejo de Ministros de coalición, con la adherida exigencia al Presidente Alcalá-Zamora de su nombramiento para presidirlo. Sabedor del escaso compromiso republicano de la CEDA, continúa la reticencia de Alcalá-Zamora a la designación presidencial demandada, así que, el 14 de diciembre de 1935, elige a Manuel Portela Valladares, viejo miembro del Partido Liberal (PL), quien asume también el negociado de Gobernación y, escogiendo a republicanos de centro-derecha (Chapaprieta retiene Hacienda hasta el 30 de diciembre, por déficit de entendimiento con el Presidente), deja fuera a la CEDA. De inmediato, se evidencia que el Consejo de Ministros Portela adolece del respaldo en Cortes. El Presidente de la República, entonces, las disuelve y convoca elecciones el 7 enero de 1936; primera vuelta, el 16 de febrero, segunda, el 1 de marzo. Portela y sus ministros pasan de gobernantes a organizadores electorales con la misión específica de converger los votos hacia el centro, en aras de acabar con la tendencia a esas dos facciones contrapuestas cuya inminencia ya se vislumbra. Asimismo, se arrogan Portela y su Consejo la tarea de, al menos, impedir que la derecha más radical alcance la Presidencia, abocando a la República al autoritarismo. Aunque lo cierto es que el bloque izquierdista lleva un tiempo gestándose. Manuel Azaña, erigido mártir de la causa, tras su detención durante la Revolución de 1934, se ha convertido en el líder indiscutible de la izquierda en España y se ha dedicado a recorrer el país para protagonizar multitudinarios mítines. En abril de 1935, ha logrado un pacto con el cual ha aglutinado a su partido, Izquierda Republicana (IR), a la Unión Republicana (UR), de Diego Martínez Barrio, y al Partido Nacional Republicano (PNR), de Felipe Sánchez-Román y Gallifa. En noviembre de 1935, el PNR se ha apartado, al presentarse una oferta formal de coalición al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sumiendo a éste en sus disquisiciones internas. Indalecio Prieto ha abogado por unirse al pacto, Francisco Largo Caballero ha defendido lo contrario, al punto de preferir, apuesta total al adjetivo obrero, una aproximación al Partido Comunista de España (PCE), que, en el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú entre el 25 de julio y 2 de agosto, ha autorizado la unidad de clase, traducida en un partido único del proletariado, mediante la unificación del partido socialista y el comunista (subordinado a la guía ideológica comunista, claro); y la unidad interclasista, con un gran frente antifascista o Frente Popular. El 15 de enero de 1936 se firma la gran coalición izquierdista del Frente Popular, con la incorporación final del anarquista Partido Sindicalista (PS), de Ángel Pestaña Núñez, y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), fundado en septiembre de 1935. En cualquier sistema gregario que se precie de serlo, cual Mesa Redonda del Rey Arturo, siempre descuella una voz por encima de las demás, pues, en todo complejo de igualdad, despunta una cabeza con corona. En el Frente Popular, que critica que las reformas del primer bienio no han podido fructificar porque han sido anuladas al irrumpir el segundo bienio, pronto descuella el enrabietado grito socialista de Francisco Largo Caballero y sus discursos febriles, desorbitados y delirantes de vesania: «Si algún día varían las cosas, que las derechas no pidan benevolencia a los trabajadores. No volveremos a guardar las vidas de nuestros enemigos, como se hizo el 14 de abril. Si aquéllas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta conseguir que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que vosotros queráis». «Las elecciones no son más que una etapa en la conquista, y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la legalidad, pero, si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo una República sin lucha de clases, mas, para eso, es necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia; y que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas: nosotros las realizamos». «La clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle [la primera fue en 1934], que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen, si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». Y las derechas no les van en zaga…
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